Ante esta situación, los tribunales españoles han desarrollado una sólida doctrina para proteger a los consumidores, articulada principalmente a través de dos vías: la nulidad del contrato por usura, con base en la Ley de Represión de la Usura de 1908, y la nulidad de la cláusula de intereses por falta de transparencia y abusividad, al amparo de la normativa de protección de consumidores.

Fundamento Principal: La Nulidad del Contrato por Usura

La vía principal para impugnar un contrato de tarjeta revolving es la aplicación de la Ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, conocida como Ley Azcárate. Su Artículo 1 establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, seguida por las Audiencias Provinciales, ha clarificado los requisitos para aplicar este precepto a los contratos de tarjeta revolving.

1. El Término de Comparación: El “Interés Normal del Dinero”

La cuestión central para determinar si un interés es usurario es establecer cuál es el “interés normal del dinero” con el que debe compararse la TAE del contrato. La doctrina jurisprudencial ha evolucionado en este punto, y las sentencias más recientes, como la del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo (citada y aplicada en las resoluciones de las Audiencias Provinciales), han sido determinantes.

Como se refleja en la Sentencia 184/2020 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Alto Tribunal estableció que el término de comparación debe ser el tipo medio de interés correspondiente a la categoría específica de la operación crediticia cuestionada. En el caso de las tarjetas revolving, no se debe acudir al tipo medio de los préstamos al consumo en general, sino al tipo medio de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving, que es publicado mensualmente por el Banco de España en sus estadísticas oficiales.

La Sentencia 148/2020 de la Audiencia Provincial de Badajoz profundiza en este criterio, destacando que, aunque el tipo medio de las operaciones revolving es de por sí muy elevado (a menudo por encima del 20%), esto no otorga a las entidades un margen ilimitado para fijar sus precios. Al contrario, “cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”.

2. El Carácter “Notablemente Superior” del Interés

Una vez identificado el tipo medio de referencia en la fecha de contratación, debe analizarse si el interés pactado en el contrato es “notablemente superior”. El Tribunal Supremo no ha fijado un criterio aritmético exacto, sino que debe valorarse caso por caso.

Sin embargo, la jurisprudencia ofrece pautas claras. En el caso analizado por el Tribunal Supremo en su sentencia 149/2020, se consideró usuraria una TAE del 26,82% cuando el tipo medio de estas operaciones era ligeramente superior al 20%. Siguiendo esta línea, la Sentencia 164/2020 de la Audiencia Provincial de Zaragoza declaró usurario un interés del 25,64% TAE, y la ya citada Sentencia 184/2020 de la Audiencia Provincial de Zaragoza hizo lo propio con una TAE del 26,82%.

Es interesante el criterio adoptado por la Sentencia 148/2020 de la Audiencia Provincial de Badajoz, que, por razones de seguridad jurídica, establece un umbral propio al considerar usurario aquel interés que supere en un 15% el interés medio de tales operaciones en el momento de la contratación. Aunque este es un criterio específico de dicha Audiencia, ilustra la tendencia judicial a establecer límites razonables.

Las entidades financieras suelen justificar estos elevados intereses en el mayor riesgo de impago asociado a estos créditos, concedidos de forma ágil y con pocas garantías. Sin embargo, los tribunales han rechazado sistemáticamente este argumento, señalando que la concesión irresponsable de crédito a consumidores sobreendeudados no puede ser amparada por el ordenamiento jurídico.

Fundamento Subsidiario: El Control de Transparencia y Abusividad

De forma subsidiaria, la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios también puede solicitarse por falta de transparencia, conforme al Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La jurisprudencia exige un doble control de transparencia para las cláusulas no negociadas individualmente en contratos con consumidores:

1. Control de incorporación o inclusión: Verifica que la cláusula sea clara, concreta y sencilla en su redacción, y que el consumidor haya tenido la oportunidad real de conocerla antes de contratar. El tamaño de la letra, por ejemplo, es un factor relevante, como indica el Artículo 17. Clausulado de los contratos. del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.
2. Control de transparencia material o cualificada: Este es el control más exigente. No basta con que la cláusula sea gramaticalmente comprensible; el consumidor debe poder comprender la carga económica y jurídica real del contrato. En el caso de las tarjetas revolving, esto implica que el consumidor debe ser plenamente consciente de:
• El funcionamiento del mecanismo de pago aplazado.
• El efecto de la capitalización de los intereses y cómo puede llevar a un aumento exponencial de la deuda.
• El coste comparativo con otras modalidades de financiación.
• El riesgo de que, abonando la cuota mínima, la mayor parte del pago se destine a intereses y apenas se amortice capital, prolongando la deuda indefinidamente.

Si la entidad financiera no prueba haber proporcionado información clara y comprensible sobre estos extremos, la cláusula de interés remuneratorio puede ser declarada nula por abusiva, al generar un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor.