Política de

Honorarios y consultas

Política de honorarios y consultas

La consulta jurídica constituye un servicio profesional autónomo que implica el análisis preliminar de los hechos, la identificación del marco normativo aplicable y la valoración de las posibles estrategias de actuación. Este estudio requiere tiempo, dedicación técnica y asunción de responsabilidad profesional, por lo que tiene carácter retribuido.

Asimismo, la mera realización de la consulta genera una relación profesional que puede comportar la aplicación de deberes de confidencialidad y, en su caso, la existencia de incompatibilidades o conflictos de interés. En particular, una vez prestado asesoramiento sobre un asunto concreto, el despacho no podrá asumir la defensa de la parte contraria en ese mismo asunto ni en cualquier otro en el futuro frente al consultante, lo que limita legítimamente su ámbito de actuación futura. Este efecto forma parte del valor del servicio prestado y justifica su retribución.

En cuanto a los honorarios por la eventual tramitación del asunto, éstos se determinan de forma individualizada atendiendo a criterios objetivos tales como la complejidad jurídica y fáctica del caso, el volumen de trabajo requerido, la urgencia, la especialización necesaria y la responsabilidad profesional asumida. La cuantía económica en juego constituye un elemento relevante de dicha responsabilidad: no es equiparable la gestión de un litigio de reducida cuantía que la de un asunto de elevado impacto patrimonial.

Antes de iniciar cualquier actuación se facilitará al cliente una propuesta de honorarios clara y transparente, para su conocimiento y aceptación. De este modo se garantiza la seguridad jurídica, la adecuada planificación del encargo y la calidad del servicio profesional.